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El golpe de Estado en Tailandia de 2006 tuvo lugar el 19 de septiembre^[1]​ de dicho año y fue liderado e iniciado por unidades militares pertenecientes a fuerzas especiales del Real Ejército Tailandés durante la ausencia del primer ministro, Thaksin Shinawatra, quien se encontraba en las Naciones Unidas, y después de una lenta crisis larvada desde enero por las controvertidas operaciones financieras de la familia de Thaksin. El golpe de Estado se produjo un mes antes de la celebración de las elecciones generales previstas para el 15 de octubre. La junta militar, encabezada por el general Sonthi Boonyaratglin, derogó la Constitución, disolvió la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional, decretó la ley marcial, prohibió las actividades políticas en todo el país, incluida la creación de nuevos partidos y decretó la censura de prensa con la intervención de los medios de comunicación y el bloqueo de Internet.

Los golpistas declararon su lealtad al rey Bhumibol Adulyadej y crearon un Consejo para la Reforma Democrática bajo la Monarquía Constitucional que asumió los poderes ejecutivos y legislativos y que fue reconocido oficialmente el 22 de septiembre como «gobierno provisional» por el Rey.

Entre las demás medidas adoptadas por las autoridades militares se sucedieron la creación de una Comisión Anticorrupción dirigida por el presidente del Tribunal Supremo de Tailandia que investigaría las operaciones económicas y financieras del gabinete depuesto y de sus familiares, con capacidad para formular acusaciones y requisar bienes. Se detuvo a varios ministros que permanecían en el país, así como a dirigentes del partido del primer ministro, Thai Rak Thai.

La comunidad internacional reaccionó condenando el golpe de Estado de manera casi generalizada, aunque con distintos matices. Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia se mostraron contrarios y solicitaron el inmediato restablecimiento de la legalidad y el regreso a la democracia; China manifestó que, de conformidad con su política de no injerencia, no se pronunciaba sobre la situación; las Naciones Unidas, a través de su secretario general, Kofi Annan, pidieron el retorno a la normalidad democrática.

La Bolsa de Nueva York y otras de la zona asiática reaccionaron con bajas generalizadas en el primer día del golpe de Estado, aunque se estabilizaron a lo largo de la semana siguiente. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial mostraron su preocupación aunque descartaron un impacto notable sobre la economía de la zona.

Las organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, la Comisión Asiática de Derechos Humanos y Amnistía Internacional criticaron con dureza el golpe y la consecuente limitación de derechos fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de expresión.

En el ámbito interno, los resultados de las encuestas elaboradas los días inmediatamente posteriores a la asonada, mostraron un masivo apoyo de la población a la misma. No obstante, también se produjeron manifestaciones limitadas a la capital, Bangkok. Activistas procedentes de distintas universidades contrarios al golpe, pero también al propio Thaksin, se opusieron a la sublevación y a los recortes de las libertades públicas. La economía tailandesa se vio afectada por un descenso continuado de la bolsa de valores de Bangkok desde el día 21 de septiembre y la depreciación de la moneda local, el baht, si bien los analistas destacaron que la situación solo mantendría efectos negativos en el cuarto trimestre del año 2006, esperando que fuera menor que en anteriores crisis políticas en el país. Todas las previsiones apuntaban a una recuperación en 2007.

El 1 de octubre se aprobó una Constitución provisional que fue firmada y ratificada por el Rey y se nombró primer ministro interino al general retirado, Surayud Chulanont, que dirigió el gobierno provisional en Tailandia.